domingo, 12 de noviembre de 2017


A vista del 155

Una y otra vez me preguntan en Euskadi cuál es el ambiente que se vive en el foro madrileño: qué se escucha en los corrillos de los pasillos, cómo es la relación que tenemos con representantes de otros partidos o qué se respira por allí. Tengo que reconocer que convivir con la política capitalina no es fácil, menos en el Senado, un parlamento maniatado por la mayoría absoluta del PP y con escaso interés para los grandes partidos. Una cámara territorial que, en realidad, no ejerce como tal.

En cualquier caso, paso muchas horas viendo y analizando actitudes desde la atalaya del 155. Lo digo así porque, ironías de la vida, ese es precisamente el número del escaño que ocupo en la Cámara Alta. Desde allí he contemplado todo tipo de gestos, desaires y poses de dudoso gusto. En líneas generales, prima la falta de rigor a la hora de abordar los problemas que se tratan, más allá del artículo 155 que ha acaparado la atención desde el fatídico 27 de octubre en que se debatió y autorizó su aplicación.

Ese día asistí preocupado a momentos inquietantes, que rozaban lo patético. El Senado, deshonrando su esencia de cámara de representación territorial, aprobaba sin rubor una decisión excepcional y extrema que suponía negar la capacidad política de autogobierno a las instituciones de Catalunya. La Cámara Alta adoptaba, en cuestión de horas, una decisión de gran trascendencia histórica y política que suponía herir en lo más profundo el honor y orgullo de la sociedad catalana.

Fue un día de honda tristeza desde el punto de vista personal, pero también desde la óptica institucional y política. Un día cuyo recuerdo perdurará durante años, condicionando las relaciones políticas futuras. Un día triste porque no es de recibo contemplar a representantes electos del Partido Popular, puestos en pie, prorrumpir en aplausos ante esta decisión. No puedo entender que se ovacione al Presidente del Gobierno español cuando anuncia el cese del President de la Generalitat elegido por la ciudadanía catalana en unas elecciones democráticas. Sentí tristeza, desilusión y vértigo por la frivolidad con que se vitoreaba una decisión que en modo alguno representa los valores de la cultura democrática.

Sentí un profundo desasosiego, consciente de que los aplausos alentaban una fractura muy difícil de recomponer. Desde mi escaño, argumenté la ilegalidad e inconstitucionalidad de la medida, porque afecta al principio de autonomía política, socava los cimientos del Estado democrático y altera el sistema de equilibrio de poderes y su separación. El artículo 155 contraviene el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución, que tanto afirman defender. Critiqué la decisión por discrecional, desproporcionada y, por lo tanto, injusta. Quise dejar constancia de que suponía, en realidad, la suspensión de la Autonomía de Catalunya, como así ha quedado demostrado. Insistí en que una decisión de este calado solo se podía adoptar tras la declaración del estado de alarma, excepción o sitio, algo que no se había producido. Sugerí que las medidas eran, en realidad, un castigo a Catalunya.

Pero el PP no quería escuchar, no quería dialogar ni entender, y menos acordar. Solo quería imponer una decisión excepcional por la vía rápida. Mi pesadumbre se acrecentó con la actitud del PSOE, acompañante acrítico en este viaje a ninguna parte. Me apenó ver a los socialistas acomplejados, ocultando la cabeza bajo el escaño. No encuentro sentido a su actitud, y menos aún cuando tras aprobar la aplicación del 155, Pedro Sánchez afirma que “no hay soluciones penales para problemas políticos”. Es una obviedad, pero carece de crédito en boca de quien no ha hecho nada para evitar las vías penales, sino todo lo contrario, y se ha manifestado incapaz de encauzar una vía de solución política.

En el debate, me llegó al alma que los representantes del PP utilizasen el Nuevo Estatuto aprobado por el Parlamento Vasco, el denominado “Plan Ibarretxe”, como ejemplo a seguir. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Pretendían consolidar el argumento de que en democracia cualquier idea se puede defender a través de la palabra y con respeto a la ley. Lo que se les olvidó decir a los “trileros” del Grupo Popular es que dieron un portazo a aquella propuesta, que ni siquiera admitieron a trámite. No quieren escuchar, no quieren asumir la realidad, pretenden ocultar la evidencia de que las realidades nacionales vasca y catalana existen, que las voluntades sociales mayoritarias se expresan de forma diferenciada en Euskadi, Cataluña y el Estado. Mientras no acepten, asuman y comprendan esta realidad no se resolverá este problema de estricta naturaleza política.

La vida sigue y también la actividad parlamentaria en el Senado, donde el desafuero del PP no tiene límites. Esta semana han aprobado una moción en la que se felicita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su “maravillosa” actuación el día 1 de octubre en Catalunya. Parece una broma de mal gusto, pero es algo mucho peor porque, en realidad, pone de manifiesto que la obsesión del Partido Popular por modificar la realidad no tiene límites. No les ha importado que los medios de comunicación internacionales recogiesen las noticias de aquel vergonzoso día con preocupación, ni que los líderes políticos de toda Europa mostrasen su enfado por la inusitada violencia con la que actuaron ambos cuerpos policiales.

Siento mucha tristeza, porque tanto el PP como el PSOE cierran los ojos ante la evidencia de lo que ocurre en Catalunya. En estos momentos, ambos gobiernan a merced de la presión de los medios de comunicación. El mismo 2 de octubre, el PSOE presentó una iniciativa en el Congreso para promover la reprobación de la Vicepresidenta del Gobierno entendiendo que era la responsable de la indefendible carga policial del día anterior, pero semanas después la ha acabado retirando, permitiendo la aplicación del 155 y votando, además, afirmativamente el apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. Por si fuera poco, ha terminado acordando con el PP unos incrementos retributivos que venían reclamando estos cuerpos policiales durante más de una veintena de años. Lo que la política española no había conseguido, lo ha logrado en tiempo récord la política catalana. En este contexto, si esto no es un premio por su actuación el día 1 de octubre, se le parece mucho, demasiado.

En definitiva, estas semanas hemos vivido unos debates en los que la política catalana ha importado bien poco. Lo que verdaderamente ha preocupado ha sido obtener una buena foto de cara a las próximas elecciones, en la que tanto el PP como el PSOE y Ciudadanos se mostrasen ante la ciudadanía española como los adalides de la sacrosanta unidad española y como el  partido que con más rigor aplica el artículo 155. Poco, por no decir nada, les ha importado buscar una solución sincera para Catalunya. Este miércoles he tenido la oportunidad de hablar con el señor Montilla, anteriormente President de la Generalitat, que me transmitió su gran preocupación por la fragmentación social y por las repercusiones negativas en la economía. He coincidido también con quien fuera líder de Uniò, el señor Durán i Lleida, también preocupado por lo que ocurrirá en los próximos meses. Veremos qué pasa pero, desde la atalaya del 155, no observo en los grandes partidos el giro radical necesario para recomponer las relaciones, establecer un diálogo con auténtica voluntad de acuerdo e iniciar una nueva etapa con el realismo, la responsabilidad y la altura de miras que el problema de fondo de la crisis del modelo de Estado exige.


Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.
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martes, 31 de octubre de 2017


¿Hace ruido un árbol al caer si no hay nadie para escucharlo?
Esta mañana he llegado al Senado y la actividad era la habitual en los pasillos y salas de la Cámara. Hoy es día de reunión de la Junta de Portavoces y de la Mesa del Senado, también hay una ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el Estado español y varias comisiones: de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para las Políticas Integrales de la Discapacidad, y la de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Pero no hay ruido.
Me he cruzado con varios representantes de diferentes partidos políticos, no tantos como los que asistirán al Pleno de la semana que viene, aunque igual de atareados que en jornadas precedentes. Las moquetas colocadas a finales de verano por los empleados de la Cámara siguen amortiguando el ruido de nuestros pasos, los visitantes recorren los pasillos del edificio antiguo escuchando respetuosamente las explicaciones de las atentas guías de la casa, los senadores y senadoras van y vienen de sus despachos a las salas de reuniones, donde debaten, acuerdan, disienten…
Todo parece ser una jornada de trabajo más en la Cámara Alta, aunque hoy retumba en nuestros oídos la silenciosa ausencia de los trabajadores de los medios de comunicación que la semana pasada bullían de actividad, reclamando insistentemente nuestras opiniones. La atribución exclusiva de la Constitución al Senado para aplicar el artículo 155 de la Constitución, nos había puesto en el foco de la noticia y la actualidad nos reclamaba.
¿Hace ruido un árbol al caer si no hay nadie para escucharlo? Las leyes de la física se mantienen inalterables aunque no haya nadie que lo corrobore. La pasada, fue una semana de mucho trabajo, pero no más que en las que acogen Plenos de otro orden. Estos se celebran cada dos semanas, hay Comisiones cada día, abundan las reuniones de diferente índole; se alcanzan acuerdos, se toman decisiones… Aunque no haya medios de comunicación interesados en recoger esa actividad.
Respeto que haya quien estime que el Senado no desarrolla una labor adecuada; de hecho, comparto la idea de que es necesaria su redefinición para que pase de ser poco más que una Cámara de segunda lectura a ser una verdadera Cámara de representación territorial en un Estado descentralizado. Lo que no respeto ni comparto es que algunos medios, unos pocos, hayan menospreciado a las personas que llevamos a cabo nuestra labor aquí.
Reirse porque el nombre de tal o cual senador resulta desconocido, cuando ese desconocimiento es achacable únicamente a que su actividad y la del resto de nosotros es sistemáticamente silenciada en los medios es una falta de respeto; tampoco tiene justificación menospreciar a un expresident de la Generalitat, político de gran experiencia y conocimientos, únicamente porque desarrolla su labor en una Cámara depreciada desde su nacimiento a raíz de las atribuciones que le confiere una Constitución que, precisamente, fue aprobada tal día como hoy, en 1978, en Cortes Generales.
Tal día como hoy, también, se celebra en muchos lugares la fiesta de Halloween, día que la cadena AMC aprovechó en 2010 para emitir el primer episodio de la serie The Walking Dead; una expresión, la de ‘muertos vivientes’, que también nos fue aplicada la semana pasada por un presentador que afirmó que “nunca antes tuvo la cámara alta tal actividad y tal interés de los medios”. Se equivocaba a medias: el Senado sí ha tenido muchas veces tanta actividad como el pasado 27 de octubre; sí que es cierto, en cambio, que nunca ha despertado tanto su interés y el de sus colegas.
Entiendo a quienes consideran que la actividad del Senado, salvo recientes excepciones, no merece un espacio en sus informativos; no comparto, sin embargo, que se dé a entender que quienes aquí trabajamos solo lo hicimos la semana pasada de manera excepcional. Si colocasen en el Senado sus grabadoras cualquier día, comprobarían que también aquí el árbol hace ruido al caer. 

domingo, 22 de octubre de 2017


El 155, una llamarada al diálogo
El término terrorismo incendiario ha vuelto a saltar a la actualidad a lo largo de estos días a raíz de la oleada de dramáticos incendios que han vuelto a asolar varias comarcas de Galicia, León y Asturias. Estos tristes acontecimientos han irrumpido desgraciadamente en los informativos en medio del encendido debate territorial catalán, donde tampoco ha faltado quien ha preferido azuzar las llamas en lugar de aplacarlas.
No voy a extenderme en la opinión que reiteradamente he expresado sobre la inutilidad de debatir ahora sobre lo que se pudo haber hecho y no se hizo, aunque sí que comparto que la gravedad de los incendios que se producen en verano, además de por la despreciable acción de los pirómanos, aumenta como consecuencia de la inacción sobre el terreno durante el resto del año. Y de inacción o incluso desatención en Catalunya sabe mucho Mariano Rajoy.
Los indicios auguraban desde hace años, y sobre todo en los últimos meses, un estallido del inconformismo de la sociedad catalana. En mayor medida cuando su creciente descontento se trataba de sofocar con medidas judiciales, policiales y de presión económica y mediática; simples cortafuegos que no han sido suficientes para contener la multitudinaria demanda catalana, cuya magnitud requería abrir caminos de diálogo político con auténtica voluntad de alcanzar acuerdos y ofrecer una solución.
En realidad, la actitud del Gobierno español ha supuesto echar más leña al fuego. Así cabe interpretar las agresivas retiradas de urnas y papeletas, las violentas cargas policiales, la falta de sensibilidad con los centenares de personas heridas, las órdenes de detención de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural y la persecución a la que ha sido sometido el mayor de los Mossos d'Esquadra. 
Ha habido quien ha preferido ir más allá y, a la par que con suma torpeza amenazaba al President Puigdemont con acabar como el malogrado President Lluís Companys, ha llegado a reclamar la ilegalización de los partidos que demandan la independencia o, en otros casos, que se prohíba que esta reivindicación aparezca siquiera en sus programas electorales. Desde el PP han deslegitimado tibiamente esta opinión de Xavier García Albiol –no la anterior, de Pablo Casado–, y han vuelto a recurrir al mantra de que dentro de la ley se pueden defender todas las ideas. En ese sentido, el mismo presidente del Gobierno español ha remitido al President de la Generalitat a buscar apoyos en el Congreso, a sabiendas, como los vascos bien recordamos, de que eso llevaría a la locomotora catalana a la vía muerta en la que ya arrinconaron el Nuevo Estatuto Político que defendió el Lehendakari Ibarretxe en las Cortes sin ni siquiera admitirlo a trámite.
No ya solo dentro del Partido Popular, sino desde diferentes frentes, hace mucho que eran legión quienes venían apelando a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya, un hecho sin precedentes en 40 años. Ciudadanos, incluso el PSOE y por supuesto los medios de comunicación de la capital, con profusión de efectistas y tensionadores ‘ultimátums’, ‘chantajes’ y ‘amenazas’ en sus titulares, han venido presionando al Gobierno central, que, finalmente, ha puesto en marcha la maquinaria prevista en la Carta Magna como medida extrema, con las decisiones que conocimos tras el Consejo de Ministros de ayer. Una solución injustificada, a la vista de que no se produjo una declaración formal de independencia por parte del Parlament; una solución que en nada contribuye a la distensión que requiere el momento histórico; una llamarada al diálogo.
Estos días, la atención de la ciudadanía y de los medios estará centrada, excepcionalmente, en el Senado. El próximo viernes nos corresponderá ratificar o no las medidas que el Gobierno Central ha determinado para Catalunya en virtud de la aplicación del ya celebérrimo Artículo 155, una decisión que ha contado y contará con nuestro total desacuerdo. A pesar de ello, se trata de una resolución que se da por cumplimentada de antemano, ya que quienes dijeron sentirse abochornados con el arrinconamiento que sufrieron los partidos de la oposición en el debate de la Ley del Referéndum en el Parlament aplicarán una vez más el rodillo de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, al igual que ocurriría en la Cámara Baja a la que invitan a Puigdemont a encallar democráticamente.
Este viernes se han cumplido seis años desde que ETA declarase el cese definitivo de su actividad armada y esta misma semana hemos conocido que la novela de Fernando Aranburu ‘Patria’ ha sido galardonada con el premio nacional de narrativa. Sin pretender hacer un spoiler a quienes aún no hayan leído esta obra que relata la convivencia de dos familias vascas que se ve alterada drásticamente a consecuencia de la actividad de la banda terrorista, de su lectura se puede concluir no solo la sinrazón de la violencia sino también la de la falta de comunicación, la de la falta de diálogo.
Es evidente que para resolver esta situación, para responder al problema de fondo de la existencia de realidades nacionales distintas en el marco del Estado, antes o después será necesario sentarse y hablar. Rajoy podrá entablar un diálogo con Sánchez y Rivera, con los que comparte punto de vista y no logrará nada más que enrocarse en su posición, pero también tendrá que escuchar los argumentos de aquellos con quienes disiente pero con quienes pretende convivir y debe atender y tratar de entender. La intervención, bien sea selectiva o mediante ‘matarrasa’, sobre la autonomía catalana puede ofrecer una salida de emergencia que tal vez sofoque el incendio del bosque, pero sus raíces seguirán ardiendo. Tarde o temprano será necesario un diálogo asentado en el realismo y la responsabilidad, sin inasumibles condiciones previas y con voluntad de acuerdo. Anticipar los problemas y contribuir a resolverlos desde el diálogo es la esencia de la política.



Mi artículo de opinión, hoy en www.diario vasco.com y www.elcorreo.com

sábado, 7 de octubre de 2017

Catalunya, un nudo sin desenlace

Estuve en Catalunya el pasado fin de semana. Viví el 1 de octubre en Barcelona con la sensación de asistir a un acontecimiento no sé si histórico, pero sí extraordinario. Recorrí sus calles, charlé con sus gentes. Compartí sus sueños, sus esperanzas, sus dudas, sus miedos, su incomprensión... Lo que más llamó mi atención fue la ilusión de miles y miles de catalanes ante la inminencia de poder expresar su opinión. Visité varios colegios el sábado. El ambiente festivo reinaba entre las personas que trataban de garantizar que al día siguiente votara quien quisiera hacerlo. La misma atmósfera presidía la mañana del domingo cuando, tras abrir los colegios, pareció esfumarse el riesgo del cierre por la fuerza. Nada hacía presagiar lo que después ocurrió. Se confiaba en que prevaleciera el bien superior, la seguridad de las personas, de ahí que sorprendiera e indignara la brutal respuesta de las fuerzas policiales, que cargaron contra quienes solo pretendían votar de forma pacífica. Y lo que empezó como una fiesta ciudadana, cívica y pacífica acabó como el rosario de la aurora.
Las imágenes de las cargas policiales han recorrido Europa y el mundo, donde pocos llegan a comprender esa inusitada violencia. El error del Gobierno español fue mayúsculo: si la violencia no impidió que la mayor parte de la ciudadanía catalana votase sin problemas, el resultado combinado de las ‘porras españolas’ frente a las ‘urnas catalanas’ ha incrementado el descrédito de la imagen de España.
Más de dos millones de personas no están por la labor de dar más margen al Estado español. Se sienten desilusionadas. La desatención, el desinterés y la desidia permanentes de los poderes centrales les han distanciado tanto del Estado español que ya no lo sienten como propio. El Gobierno de Rajoy no ha sabido leer esa situación y se ha limitado a esgrimir como único argumento el del más estricto cumplimiento de la ley, sin caer en la cuenta de que la situación actual demanda altura de miras.
Mi labor como senador me llevó el lunes de Barcelona a Madrid, y el giro fue copernicano. El número de banderas españolas en los balcones de la Corte se ha disparado. Pero ni en sus calles ni en su Cámara Alta detecté la ilusión y el ánimo que percibí en Catalunya. Al contrario. Compañeros de otros partidos me trasladan estos días incertidumbre y pesimismo, tanto por la inestabilidad en el corto plazo como por las consecuencias en el largo. En los pasillos, los senadores del PP no disimulan su enfado por la posición del PSOE, que aceptó jugar como partido de Estado y se alineó inicialmente con el Gobierno de Rajoy para, a renglón seguido, criticar la labor policial e instigar la reprobación de la vicepresidenta del  Gobierno. A estas alturas, nadie debería rasgarse las vestiduras por el hecho de que algunos partidos se vayan posicionando de cara a unas eventuales elecciones. Su actitud, eso sí, nos llena de pesimismo pues anteponen su ‘juego pre-electoral’ a su deber de resolver el problema de Catalunya. Lo considero una grave irresponsabilidad.
Quien sí ha sorprendido ha sido el rey Felipe VI. Y muy negativamente. A diferencia del President Puigdemont, que en su mensaje televisado llamó al entendimiento, el Monarca se alejó más de Catalunya no tanto por su férrea defensa del cumplimiento de la ley (que también) sino por sus olvidos. Los dos más flagrantes, la ausencia de mención alguna a los cientos de personas heridas el 1-O y su consciente renuncia a pronunciar la palabra “diálogo” o cualquiera de los muchos sinónimos que le brinda la lengua española, la única que utilizó. El Rey desatendió su función de “arbitrar y moderar las instituciones”, que es la que le atribuye el artículo 56 de una Constitución que a los demás exige cumplir. Si en algún momento de la tarde del martes llegamos a albergar una mínima esperanza de que su intervención fuera a servir para alumbrar una salida, esta se desvaneció muy pronto con su indisimulado posicionamiento a favor de uno de los dos ámbitos institucionales en litigio.
Creo adivinarla, pero me gustaría conocer la opinión de Montesquieu ante el modo en que los tres poderes del Estado vienen operando en el asunto catalán. Es un pequeño alivio constatar que, al menos, el Partido Popular no controla totalmente el legislativo. De hecho, no ha recabado el apoyo del Congreso a su política territorial en Catalunya. Esto debería hacerle reflexionar sobre la bondad y la necesidad de escuchar otras voces que posibiliten una mayor adhesión y un acuerdo en clave democrática. 
La semana pasada reclamé a Soraya Sáenz de Santamaría un gesto que contribuyese a vislumbrar un futuro más optimista para las sociedades española y catalana. Ni lo hizo ni lo ha hecho. Es complejo, pero necesario, comprender que el otro está en una dificultad muy grande para aceptar el postulado del uno. Asumo que es casi imposible que Rajoy acepte un referéndum que pueda llevar a la independencia de Catalunya, del mismo modo que es muy improbable que Puigdemont acepte un acuerdo que no recoja la expresión explícita de la ciudadanía catalana. Pero ante una dificultad tan manifiesta, es imprescindible una disposición positiva al diálogo y el acuerdo.
No es ya tiempo de confrontar entre quienes cumplen la ley y quienes la incumplen. Esto ya no va de reprochar lo que se pudo haber hecho y no se hizo. La situación es extrema. Los puntos de vista son antagónicos y no hay ningún canal de comunicación abierto entre los Gobiernos español y catalán. En este contexto, y sin pecar de ingenuos, todas las opciones que permitan la construcción de puentes serán bienvenidas. Aplaudo todos y cada uno de los ofrecimientos de mediación. Y creo que la solución pasa por un foro en el que participen Rajoy y Puigdemont, con voluntad positiva y sin prejuicios ni condicionantes previos que limiten las posibilidades de acuerdo. Acuerdos a corto y a largo plazo: a corto, para aliviar la enorme tensión que reina hoy en Catalunya y en no pocos puntos de España; y a largo, para hacer posibles y viables opciones que hoy se nos presentan como imposibles de alcanzar.
A principios del siglo XX, quien fuera canciller y presidente federal austriaco, Karl Renner, describió los límites que el principio mayoritario establecía en los contextos de pluralidad nacional. Renner constataba que, dentro de Estados constitucionales, los partidos que representan a naciones demográficamente minoritarias no tienen perspectivas de triunfar en su lucha al resultar complicado que sus partidarios aumenten por encima de la demografía siempre mayoritaria del Estado al que pertenecen. Sin embargo, subrayaba que “tal lucha no queda eliminada, sino que la hace aún más encarnizada”. El Gobierno central no ofrece hoy ningún guiño a la sociedad catalana que se siente arrinconada y el discurso del Rey, enrocado, acrecienta aún más la desafección y la canaliza hacia esa “lucha encarnizada”. Ilustraba Aristóteles que para soltar un nudo primero hay que saber cómo está hecho. Es comprensible el desapego de una gran parte de la ciudadanía catalana, por lo que resulta necesario ser capaces, a través de la política y el diálogo, de ofrecer una salida sugerente, aceptando que, antes o después, cualquier solución deberá permitir pactar que tanto el pueblo de Catalunya, como el vasco, puedan decidir su futuro.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.

http://m.deia.com/2017/10/07/opinion/tribuna-abierta/catalunya-un-nudo-sin-desenlace


sábado, 23 de septiembre de 2017

Las víctimas, víctimas son
Hace siete años tuve ocasión de vivir una experiencia que marcó mi trayectoria como alcalde de Tolosa. El Ayuntamiento organizó un homenaje en recuerdo a todas aquellas víctimas del terrorismo que fueron asesinadas en la localidad o que, siendo de Tolosa, fueron asesinadas fuera del municipio. Esta iniciativa me dio la oportunidad de hablar con todas y cada una de sus familias; escuchar sus vivencias, opiniones, quejas, duelos y recelos; conocer su valoración sincera en relación a las instituciones, los responsables políticos y la propia sociedad.
Recuerdo que durante los días previos a la organización del acto se me acercaron la viuda y los hijos de una persona que también  había muerto de forma violenta. Pronto se cumplirán 35 años de aquella fatídica noche de 1982 en la que Marcelo Garciandia, un joven tolosarra de 37 años y padre de tres hijos, volvía a casa tras haber cenado con sus compañeros de trabajo. Paró su coche junto a la carretera para limpiar el vaho del cristal delantero y, al poco, un funcionario del Estado le hirió de gravedad con un disparo realizado de frente a corta distancia. Marcelo murió dos días después. Estos dos días fueron suficientes para relatar a sus allegados lo acontecido y para que, tras largos años y numerosos juicios, el funcionario fuera condenado a seis años de cárcel.
Esa familia, que vive destrozada desde aquella infausta noche, me pidió que también Marcelo Garciandia fuera reconocido como víctima del terrorismo en el homenaje que estábamos organizando. Sin embargo, no pudimos hacerlo porque la ley de víctimas del terrorismo no lo permitía. Sentí una profunda impotencia y, como resarcimiento moral, me comprometí personalmente a ayudarles en la medida de mis posibilidades.
Han pasado siete años y ahora, gracias a la aprobación  de una nueva Ley en el Parlamento Vasco, dispongo de una herramienta para ayudar a la familia Garciandia y a quienes, como ellos, han sufrido de  manera similar. Por eso, la semana pasada formulé una pregunta en el Senado a Mariano Rajoy para conocer las razones que le han llevado a recurrir esta Ley, impidiendo su aplicación. Quería conocer, de primera mano, las razones que le llevan a decidir presentar recurso a la Ley 2016 para el reconocimiento y  reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999; recurso que deja desamparadas a personas como Marcelo. Quería saber por qué, con qué argumentos, les niega su condición de víctimas, cuando está probado que murieron por acciones violentas de indudable y dictaminada motivación política. Rajoy me respondió en su mejor estilo, balones fuera, ni razones ni argumentos, y hasta hoy.
Esta ley no nace de la nada, sino que es consecuencia de un amplio acuerdo político en el Parlamento Vasco suscrito por PNV, EH Bildu, PSE y PP. Un acuerdo que instaba al Gobierno Vasco a reconocer y reparar a las víctimas de Derechos Humanos provocadas por abusos de poder o uso ilegítimo de la violencia policial. ¿Hay alguien capaz de negar que Marcelo Garciandia  sea una víctima? ¿Hay alguien capaz de negarle este reconocimiento? La sociedad a través de sus instituciones, ¿no tiene que reparar, de alguna u otra forma, el sufrimiento tan injustamente causado? Esta familia ¿no podrá recibir nunca el reconocimiento que merece?
Esta Ley del Parlamento Vasco ha nacido del consenso político, incluido el PP, y cuenta con el respaldo expreso de organizaciones del ámbito internacional de los derechos humanos. El Gobierno español del PP no atiende a consensos ni respaldos, ni razones ni argumentos; se aprueba la Ley, pero el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presenta  recurso al Tribunal Constitucional y deja incomprensiblemente desamparadas a esta familia y a  300 más. En contraste, la iniciativa presentada en 2012 por el Gobierno Vasco del entonces Lehendakari Patxi López, que ha permitido dar respuesta a 174 víctimas, no ha tenido ningún problema legal. Era similar a esta, aunque para muertes producidas entre los años 1960 y 1978. ¿Por qué lo que era legal y aceptable para ese periodo de tiempo, no lo es para el que plantea la nueva Ley?
Es importante analizar en detalle la justificación que se utiliza para negar el derecho a la memoria, la reparación,  la restauración y  la justicia de todas estas víctimas. El Presidente español arguye que el Gobierno Vasco quiere sobrepasar sus funciones y convertirse en poder judicial, para lo cual no tiene competencia. Es un argumento falaz, porque todos los casos que trata de cubrir esta Ley alcanzan hasta el año 1999, lo cual significa que están prescritos y no pueden ser juzgados. No se les reconoce porque no están juzgados y no se les juzga porque las causas están prescritas. Un galimatías del gusto de Rajoy que le permite presentar el recurso, negar la evidencia y condenar al olvido a todas estas víctimas.
El Gobierno Español no quiere atender a razones, porque el derecho internacional y la doctrina de los tratados y acuerdos internacionales, confirman que el proceso administrativo, que es el objetivo que establece el Gobierno Vasco, es posible sin necesidad de que exista una sentencia judicial. Es muy fácil de entender, si ocurriera un atentado con bomba y se produjeran muertes, existirían víctimas, independientemente de que, por las razones que fueran, se celebrara juicio o no.  Más en concreto,  la resolución 60/147 de Naciones Unidas dice que la víctima será reconocida con independencia de si el autor ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado. También el artículo 2 del Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas dice que la reparación se concederá aunque el autor no pueda ser perseguido o castigado.
En definitiva las víctimas existen y la Ley que ha sido recurrida por Mariano Rajoy las reconoce y les dota de los derechos que les corresponden, entendiendo que los mismos forman parte del núcleo esencial de los derechos humanos. Las víctimas, víctimas son y merecen un respeto. Mantengo mi compromiso y seguiré trabajando para que la familia de Marcelo Garciandia reciba el trato que merece, también por parte del Presidente Rajoy, quien regatea en corto para negar a la familia el trato y consideración que merece.





miércoles, 20 de septiembre de 2017


Demokrazia eta legea ez dira gauza bera
Kataluniako egoera nahasian hainbat hari muturri tiraka dabil Espainiako Gobernua, korapiloa ahal den eta gehien trabatzeko. Azken-aurreko tenkada independentziaren inguruko galdeketa egin dadin laguntzeko prest azaldu diren alkateen aurka egin du Alderdi Popularraren exekutiboak, modu maltzurrean jokatuz. Azkena, oraingoz, Generalitatearen interbentzio ekonomikoa egiteko saiakera da. Argi dago urriaren 1a arte bide honi jarraipena emango diotela.
Alkate eta Euskadiko Udalen Elkarteko presidente izan naizen heinean, ongi dakit udalburuen lana dela politika mailan aberasgarriena. Herritarren kezkak eta pozak zuzenean jasotzen ditu alkateak, baina, aldi berean, lehen lerroan lanean diharduen ordezkari ahulena ere bada. Horretaz baliatu nahi du Mariano Rajoyk kataluniarren erreferendumerako apustuan beste zirrikitu bat irekitzeko.
Rajoyk berak modu baldarrean adierazi nahi izan zuen bezala, herritarrek aukeratzen dute alkatea, horregatik, inork imajinatzen al du alkate bat bere herriaren borondatearen aurkako erabakiak hartzen? Erraza da Moncloako bulegoetatik telefonoa hartu eta hori exijitzea, baina arduragabekeria politiko bat ere bada.
Aristotelesek esan ohi zuenez, korapilo bat askatu ahal izateko, aurreneko eginbeharra korapiloa nola sortu den jakitea izango litzateke. Rajoyk jakin beharko luke Kataluniako gizartea oso haserre dagoela azken urteotan Espainiako Gobernuak eginiko kudeaketa txarrarekin, 2010. urtetik hona bereziki. Beraz, gai hau konpondu nahi badu, atzera begiratu beharra dauka eta non huts egin den ikusi. Egia esanez, urriaren 1eko erreferenduma bere arazoen artean txikienetakoa izan daiteke.
Aristotelesi jaramon eginez, azter dezagun zergatik sortu den giro hau Katalunian. 2003. urtean hasi zen arazoa ari gara bizitzen orain. Orduko hauteskundeetan Artur Mas buru zuen CiUk eskuratu zuen eserleku gehien Parlamentuan, baina Tinelleko Itunari esker, ERCk PSCko Pasqual Maragalli eman zion babesa Generalitateko Presidentea izan zedin. Horrela egin zuen hurrengo legegintzaldian ere, Kataluniako Estatutua negoziatu behar zen legegintzaldian.
Estatu mailan, Zapatero zen sozialisten hautagaia Moncloa biderako konpainian eta Kataluniako Legebiltzarrak onartutako testua errespetatuko zuela agindu zuen. Esaldi borobil hura esan eta gutxira, sozialistak bi gobernuetako agintean zirela, zapatariak zapata ardurak utzi eta arotzarenak hartu zituen eta Kataluniako Legebiltzarrak onartutako estatutua zepilatu egin zuen, Alfonso Guerrak Sestaoko mitin batean lotsarik gabe esan zuenez. Azkenean, Gorteetatik atera zen dokumentuak ez zeukan zerikusirik sartu zenarekin.
Mozketak mozketa, Estatutuak aurrera egin zuen eta Kataluniako herriak baiezko botoa eman zion. Erreferendumean parte hartzea eskas xamarra izan zen, eta hori erne egoteko moduko abisua izan zen. Ilusioz beteriko momentu bat izan beharrean bi lagunetik bat ez zen bozkatzera joan, eta horrek zer pentsatua eman behar zuen. Hori gutxi balitz, Rajoyren PPk Estatutu berriaren kontrako sinadurak bildu zituen; gehienak Kataluniatik kanpokoak ziren, baina jokabide horrek argi erakutsi zuen PPri bost axola zitzaiola Erkidego baten kontra joatea, trukean boto batzuk eskuratu ahal bazituen.
Benetan harrigarria da Kataluniako Legebiltzarrak, Espainiako Kongresuak eta Senatuak, eta kataluniarrek onartutakoa, Auzitegi Konstituzionalak nola utzi ahal duen bertan behera. Hor dago gakoa, hor dago korapilo honen guztiaren hasiera. Benetan hausnartzekoa da nola bultza dezakeen bide hori Alderdi Popularrak.
Horren guztiaren ondoren, galdera bat sortzen da: zer egin dezake gizarte batek bere borondate politikoa behar den bezala kontuan hartzen ez dela ikusten duenean? Argi dago Katalunia eta Euskadi beti izango garela gutxiengoak Estatuan; zer egin behar dugu gizartearen iritzia ezagutzeko? Ezin dela jakin esan nahi al digute? XXI. mendeko politikan gizarteari iritzia eskatzeko debekuak ez du ez hanka ez bururik.
Konstituzionaleko letratua den Xabier Arzozek, aipatzen duen moduan, bai XIX. mendearen bukaeran eta baita XX. mendearen hasieran ere, bai G. Jellinek eta K. Rennerrek gehiengo/gutxiengo jokoa aztertzerakoan, kontuan hartu behar dugu hainbat errealitate nazional estatalak diren errealitate nazionalak baino txikiagoak izango direla; eta nazio bat bestea baino handiagoa izateagatik ezin dio inposatu besteari bere nazio ezberdin horren ikuspegia.
Horixe da benetako arazoa: ez PPk, ezta PSOEk ere ez dutela sinesten Estatuan errealitate nazional ezberdinak daudenik, eta nazio bakoitza subjektu politiko bat denik; subjektu horrek bere nazioari dagozkion oinarriak erabakitzeko eta aukeratzeko eskubidea duenik. Hortik aurrera, demokraziaren aurkako jarrera bat nagusitzen da. Demokrazia eta legea ez dira berdinak, azken finean beti demokrazia legeen gainetik dago eta egongo da.

Nire iritzi artikulua, gaur Berrian.

sábado, 9 de septiembre de 2017


Curso de alto voltaje
El comienzo de curso llega con un voltaje más alto del que jamás hubiéramos imaginado. Llevamos meses siguiendo la evolución del tema catalán, cierto, pero asistir en directo al día a día de lo que allí ocurre nos llena de incertidumbre y preocupación. Tanto los populares como los socialistas –tanto monta, monta tanto– nos dicen que son los jueces quienes tienen que poner las cosas en su sitio, que es a ellos a quienes les compete decidir. Al escucharles hoy, no puedo evitar recordar el conflicto en los tiempos de Pasqual Maragall o de José Montilla, conflicto que se encauzó en el Parlament catalán, con el acuerdo entre los partidos políticos, y que se acordó posteriormente en las Cortes Generales, con la aprobación de Leyes Orgánicas incluida.
Me viene a la cabeza la actitud de entonces del Partido Popular, que hizo oídos sordos a la voz de la mayoría de la ciudadanía catalana, que refrendó en referéndum el nuevo Estatut que había sido aprobado por el Parlament y validado por el Congreso y el Senado. No puedo olvidar aquella actitud cicatera de un PP que fue capaz de recoger firmas contra el Estatut y recurrir al Tribunal Constitucional incluso artículos que sí dio por buenos en otras Comunidades Autónomas, por ejemplo la de Andalucía. La responsabilidad del PP en lo que hoy ocurre en Catalunya es absoluta, incuestionable. Porque el verdadero problema catalán no es el que afecta a sus instituciones: el verdadero problema es que no se escucha y que se está tratando de acallar a la sociedad catalana. Haría muy bien Rajoy en atender lo recitado por Cicerón: “Aquel cuyos oídos sordos están tan cerrados a la verdad, hasta el punto que no puede escucharla, puede darse por perdido”.
El curso escolar comienza con alto voltaje también en Euskadi, donde hemos conocido la huelga que han convocado algunos sindicatos de la enseñanza pública. Sindicatos que obvian que los profesores y profesoras de la enseñanza pública cuentan con las mejores condiciones objetivas y retributivas de todo el Estado. Obvian que Euskadi gasta 8.976 euros por cada alumno en los centros públicos, muy por encima de la media del Estado (Madrid, por ejemplo, gasta la mitad: 4.443 euros). Obvian que el ratio de alumnos por profesor en la escuela pública vasca es el mejor de todo el Estado. Obvian lo obvio y se lanzan a convocar unas jornadas que califican “de lucha y de huelga”, una auténtica desproporción en los tiempos de dificultades que vivimos.
Dicen los sindicatos que hay que sacar la LOMCE de las aulas. Vamos, que no hay que cumplir esta ley. Al hilo del ‘no cumplimiento’ de las leyes cuando no nos gustan, este verano recordaba la ironía de la guerra de banderas que el Ayuntamiento de Bilbao albergaba cada año en Aste Nagusia. El mensaje de la Izquierda Abertzale era el mismo: no había que cumplir la ley y no había que colocar la bandera española en la balconada. Este asunto fue motivo de conflicto durante años. ¡Cuánta violencia, cuánto bien público quemado, cuánto dinero tirado a la basura por quienes luego, nada más llegar a las instituciones, lo primero que hicieron fue izar la enseña rojigualda en las instituciones en las que gobernaban! Entre 2003 y 2011 fui Alcalde de Tolosa y jamás se me pasó por la cabeza tener que poner la bandera española en el balcón. Nunca. En 2011 llegó un Alcalde de EH Bildu y no tuvo ningún reparo en colocarla. En resumen: cuando gobierna el PNV nos piden que incumplamos la Ley, pero cuando gobierna EH Bildu son los primeros en acatarla.
Emplear diferentes varas de medir no es exclusivo de la Izquierda Abertzale. El líder de la derecha española, Mariano Rajoy, ha proclamado en rueda de prensa que la ley está para cumplirla: “Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la ley”. Pero es empíricamente demostrable que esa frase tan contundente no la aplica Rajoy a todas y cada una de las leyes. Han pasado prácticamente 40 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika, que es Ley orgánica… y no se cumple. El Estatuto ha sido incumplido por los sucesivos Gobiernos de diferentes colores que han ocupado La Moncloa. Como bien afirma el Lehendakari Urkullu, la ciudadanía vasca no tiene el Estatuto que votó, y no lo tiene, única y exclusivamente, porque el Gobierno central ha decidido no cumplirlo.
Esta misma semana, el responsable del Partido Popular en Euskadi, Alfonso Alonso, nos ha trasladado a través de los medios de comunicación que la gestión económica de la Seguridad Social que reivindicamos no procede. Se me antoja oportuno leerle la literalidad del artículo 18.2 b del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley orgánica que dice: “En materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Como en tantos otros casos de flagrante y reiterado incumplimiento, el texto lo dice todo y, sin embargo, el Gobierno español se niega a transferir esta competencia al Gobierno Vasco, incumpliendo manifiestamente lo que dice la Ley. Los populares afirman que “sin ley no hay democracia”, pero siguen sin cumplir la ley.
También ha pregonado Rajoy que “España es un Estado de derecho y aquí la ley se cumple, y además es igual para todos. No puede existir un Gobierno democrático que pretenda ir contra la ley fundamental de esa democracia, que es la Constitución. Eso es un absurdo, una estafa a la democracia”. Ya que Rajoy es tan contundente, quiero recordarle también a él que su sagrada Carta Magna, en su artículo 147, define los Estatutos de Autonomía como la normativa básica de las Comunidades Autónomas, con la obligación para el Estado de reconocer y amparar dichos Estatutos, que conforman el denominado bloque de constitucionalidad. Todos recordamos que el partido que presidió durante años el señor Fraga Iribarne votó en contra del título de la Constitución referido a las Comunidades Autónomas, y que también votó en contra del Estatuto de Gernika. Esta es la verdadera razón del incumplimiento de la ley por parte del Partido Popular. Son lo que son, pregonen lo que pregonen. En realidad, no creen en un Estado descentralizado y mucho menos en un Estado plurinacional.
Las realidades aquí descritas echan por tierra las rimbombantes y pretenciosas declaraciones del Presidente español anunciando con rotundidad que su obligación es “cumplir y hacer cumplir la ley”. Sencillamente no es cierto porque no siempre es de aplicación.
Nace convulso un curso político de alta tensión. El tiempo dará y quitará razones, pero aquel político que no sea capaz de escuchar e interpretar adecuadamente la voluntad ciudadana en este clima de alto voltaje puede darse por perdido. Y esto es de aplicación en Euskadi, en Catalunya… y también en Madrid.
 Mi artículo de hoy en Grupo Noticias


http://m.deia.com/2017/09/09/opinion/tribuna-abierta/curso-de-alto-voltaje