En mis tiempos de estudiante, y aún hoy, he valorado el 10 como la nota de la excelencia. Cuánto habremos estudiado para tratar de alcanzar, o al menos acercarnos a la perfección y enarbolar esa cifra como símbolo del trabajo bien hecho. Estos días, sin embargo, mi imagen del 10 es diametralmente opuesta a la que siempre he valorado, y lo es por culpa de las deficientes medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. De hecho, diez de ellas han recibido un sonoro suspenso por parte del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición realizado tras la visita oficial a España entre el 21 de enero y el 3 de febrero de este año.
No se trata de conclusiones pueriles, pues llegan tras semanas de reuniones realizadas con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, e incluso con miembros del Gobierno del PP, como el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. Son, pues, valoraciones contrastadas con quienes han sufrido directamente la injusticia de la guerra, de la dictadura y, ahora, de la desmemoria histórica.
La Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura dejaron innumerables víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario: ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos, exilio… Situaciones en demasiadas ocasiones irreparables pero que ni siquiera han recibido una compensación moral de reparación en el denominado periodo democrático.
La permanencia de calles o monumentos que ensalzan a cargos franquistas o el ofensivo Valle de los Caídos, que acoge los restos de los dictadores Franco y Primo de Rivera, lo que, en opinión De Greiff, hace que “difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación”, son dos de esos ejemplos. La inadecuada formación, con curriculums escolares que, aunque han ido mejorando, han llegado a equiparar la responsabilidad de las “dos Españas”, en referencia a los sublevados y a los defensores del orden establecido; con policías, militares y jueces poco formados sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, no ayuda a mejorar ese injustificado olvido.
En ello ahonda el acceso restringido a documentos “invocando riesgos a la seguridad nacional” y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas mortales, o a temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El hecho de que el Estado español haya sido considerado el segundo país con más desaparecidos tras Camboya no deja en buen lugar a los diferentes Gobiernos de la época democrática.
De Greiff observa los mayores déficits en la Ley de Amnistía, cuya interpretación restrictiva la convierte en el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”, y cuyos efectos resultan incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese ámbito supranacional, la ONU ve “con preocupación” las reformas de 2009 y 2014 que “limitan significativamente” que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y recuerda al Gobierno que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, y que sólo podrá denegarse la extradición de los exagentes de seguridad acusados de torturas si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables. Asimismo, la adopción de medidas “más ambiciosas” en las relacionadas con el terrorismo” ha provocado que muchos afectados se sientan “víctimas de segunda categoría”.
Analizando el informe resulta evidente que nunca se estableció una política de Estado en materia de verdad; no existe información oficial, ni mecanismos para su esclarecimiento. Por todo ello, pensamos que el Ministerio de Justicia debería realizar una valoración al respecto, algo que solicitaré en el Pleno del Senado la próxima semana, incluyendo el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en su misión a España.
Mientras tanto, los reconocimientos a estas víctimas y héroes siguen llegando desde otras instancias, y así, en Elgoibar, se recordará a los valientes gudaris y milicianos que dejaron sus vidas en el monte Zirardamendi el 25 de septiembre de 1936, en plena Guerra Civil. Compartiendo el título de ‘Goazen gudari danok…”, una exposición abierta hasta el 21 de septiembre en la Kultur Etxea local, un libro que se presentará el día 15 y un documental que se proyectará en el Antzoki de la localidad el día 18 dejarán constancia del valor y de la fidelidad al deber que demostraron estos hombres de diez.
Jokin Bildarratz
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en el Senado
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