Los achaques del parlamentarismo español

La salud del Senado de España es la cuestión que se me plantea con mayor frecuencia. Hay quienes piensan que lo mejor sería extirparlo, esto es, que la Cámara Alta debería desaparecer; pero la afirmación que más acuerdo suscita es que necesita una modificación sustancial en sus contenidos y su forma, en sus quehaceres y su dimensión. Su reforma es, probablemente, uno de los objetivos que en mayor medida comparten todas las fuerzas parlamentarias.

Hoy no existe un diagnóstico consensuado para abordar esa reforma. Ni siquiera percibimos la voluntad de llevarla a efecto. El mejor ejemplo es que la ponencia de estudio, creada el pasado mes de noviembre para su remodelación, no se ha reunido ni una sola vez ocho meses después de su constitución. No hay voluntad real de reforma, esto es lo único que podemos concluir de la actitud de PP y PSOE, que una vez más apoyaron una iniciativa parlamentaria para abandonarla el mismo día de su puesta en marcha.

Tengo que reconocer que la experiencia parlamentaria avala un sistema bicameral. Tiene todo el sentido dentro de un Estado compuesto y descentralizado como el español, ahora bien, es evidente que en estos momentos el Senado no está ejerciendo las funciones que debiera. Pretendidamente es la Cámara de reflexión serena, pero en realidad dedica menos de la mitad del tiempo que el Congreso a debatir los proyectos de ley. Pretendidamente es la Cámara del debate plural, pero en realidad el Partido Popular, con su mayoría absoluta, es capaz de organizar una Comisión de investigación de la financiación de todos los partidos políticos, de todos a excepción del suyo. Reflexión, serenidad, debate y pluralidad, más necesarias que nunca, brillan por su ausencia en el Senado español.

El termómetro es el instrumento que sirve para identificar síntomas de una enfermedad latente. En el momento político actual, se podría decir que el Senado es el termómetro que está poniendo de manifiesto la baja calidad democrática del Estado español. La pérdida de la mayoría absoluta, esto es, la pura necesidad, ha movido al Partido Popular a buscar en el Congreso de los Diputados unos acuerdos que en la anterior legislatura no necesitó. Ahí comienza y termina toda su voluntad de diálogo. Sencillamente, como en el Senado mantiene su hegemonía, ni dialoga, ni acuerda. A tenor de lo conocido hasta ahora, la fiebre de la mayoría absoluta no ha remitido en su totalidad.

Esta es la prueba más evidente de que la democracia en el Estado español parece no haber alcanzado todavía su madurez. En cuarenta años de trayectoria ha quedado demostrado, tanto que las mayorías absolutas no se han gestionado bien, como que el modelo de parlamentarismo tiene que evolucionar y cambiar. Las mayorías absolutas solo han servido para que el Gobierno haya impuesto sus políticas y decisiones, sin tener en cuenta ningún interés más allá del propio y circunscrito a cuatro años. Han sido Ejecutivos para los que el Parlamento ha sido solo una molestia y, además, en relación a Euskadi las tres mayorías absolutas han coincidido en ponerse al servicio de revertir el Autogobierno, incumplir el Estatuto, esquilmar competencias y recentralizar el poder.

El sistema inmunológico no parece responder adecuadamente en el parlamentarismo español, incapaz de detectar y dar solución a una de las mayores preocupaciones que el Estado tiene en la actualidad, como es el problema del modelo territorial. La acción coercitiva parece ser la única receta a aplicar. Es llamativa la incapacidad de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para incluir en su Orden del Día el debate territorial; por el contario, resulta absolutamente diligente para prohibir una conferencia del President de la Generalitat de Catalunya en el Parlamento español, esto es, prohibir su comparecencia en el que debería de ser el principal foro de debate territorial.

Tampoco en relación a Euskadi encontramos el cambio de actitud que cabría esperar. En la práctica, el Parlamento no ha demostrado capacidad alguna a la hora de propiciar una Política de Estado compartida para un final ordenado del terrorismo y la violencia, en aras a cimentar la normalización y convivencia futura en Euskadi. No ha demostrado la altura de miras necesaria para debatir, sin apriorismos, la crisis del modelo territorial del Estado; abordar sus problemas de funcionamiento e intentar definir un nuevo modelo que permita dar cauce de solución, desde la democracia, a las aspiraciones legítimas que se plantean.

El proceder parlamentario español ha sido incapaz de poner pie en pared ante el reiterado incumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979 que hemos padecido por parte de los diferentes Ejecutivos centrales, con y, también, sin mayoría absoluta.

No vamos a cejar en el empeño. Desde el Grupo Vasco en el Senado vamos a seguir trabajando con todos los resortes a nuestra disposición en defensa de los intereses de Euskadi. El Estatuto es ley, debe cumplirse y completarse. El Autogobierno vasco es singular, debe respetarse y actualizarse. El Estado es plurinacional, debe reconocerse y actualizarse. No vamos a flaquear, trataremos de paliar los achaques que aquejan al parlamentarismo español y que afectan, también, al desarrollo y progreso de Euskadi.

Mi artículo de opinión, hoy, en http://www.diariovasco.com/