Prudencia y olvido

Me resulta difícil admitir que haya quien no sepa distinguir entre la prudencia y el olvido; más difícil aún, teniendo en cuenta que esas mismas personas tienen la capacidad de distinguir entre la ley y la ley.

Esta enigmática entradilla viene a raíz del rechazo del Partido Popular esta semana en el Senado a una moción acordada entre EAJ-PNV y el PSOE en la que requeríamos al Gobierno español a reformar la Ley de la Memoria Histórica, un texto que además de resultar insuficiente a día de hoy, se aplica de manera deficiente. Por ese motivo, genera una frustración considerable entre las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Resulta insuficiente si se sigue confundiendo la prudencia con el olvido. Es evidente que hay que ser prudentes, pero la prudencia no nos puede hacer olvidar la ley.

Y esta confusión se está dando, precisamente, en estos días en los que continuamente venimos oyendo que hay que cumplir la legalidad vigente. ¡Cómo no!, pero debemos cumplir tanto la que nos gusta como la que no. También la Ley de memoria histórica. Me cuesta entender que se den argumentos que contradicen todo su planteamiento. Sin ir más lejos, la semana pasada se conmemoró el 40 aniversario de la incorporación del Estado español al Consejo de Europa, un organismo que nos está lanzando una serie de recomendaciones con respecto a la memoria histórica.

Han pasado diez años desde la aprobación de la Ley y resulta procedente una revisión de la misma, ya que, aunque recoge indudables aspectos positivos, también adolece de déficits que es necesario abordar. Quienes hemos tenido ocasión de trabajar junto a familiares de víctimas hemos podido advertir su incredulidad y frustración ante reiteradas promesas incumplidas y llamamientos a reconciliaciones carentes de sentido si no se producen cuanto antes.

Al finalizar el franquismo se cometieron errores graves. No hubo esclarecimiento de la verdad, no hubo justicia, no hubo reconocimiento para las víctimas, no hubo juicio condenatorio para la dictadura y sus principales responsables. Sin embargo, han pasado cuarenta años y se da el caso de que hay familiares que aún tienen que vivir la frustración de saber que su padre o abuelo está enterrado en el Valle de los Caídos sin saber exactamente dónde, mientras la Administración que te debería de ayudar te pone pegas para encontrarlo. Entretanto, la persona responsable de su muerte preside el mausoleo, bajo una lápida junto al altar mayor con flores que se renuevan diariamente.

Al igual que ocurre con esa afrenta, en el Estado español aún sigue sin deslegitimarse debidamente la exhibición de banderas, consignas y símbolos franquistas, que atentan gravemente contra la dignidad de las víctimas y menoscaban la cultura democrática. Es una obligación para la democracia española hacer desaparecer todos esos símbolos, pero no porque homenajean a un solo bando, sino, simple y llanamente, porque forman parte de un régimen antidemocrático que ejecutó a miles de personas y provocó una guerra civil.

No solo es lo prudente, es lo justo.